Carta a Pedro Sánchez ante la inminente deportación de dos jóvenes rifeños que huyeron de la represión y la persecución política en el Rif

Diferentes rifeños y rifeñas que habitan en el Estado español solicitan la paralización de las deportaciones a los refugiados rifeños, en concreto el de los dos internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid.

La patera en la que viajaban los internos llegó a Motril (Granada) el 21 de mayo, con once personas. Tras ponerlos a disposición judicial, devolvieron de forma irregular a cuatro de ellos, impidiendo su acceso al derecho de petición de asilo, y los otros siete fueron trasladados al CIE de Madrid. Hasta el momento, cinco de ellos han sido admitidos a trámite sus solicitudes de asilo, mientras que a los dos restantes les ha sido denegada la petición de protección.

Estos jóvenes llegaron en patera a la costa andaluza tras pasar cerca de 26 horas a punto de ser tragados por el Mediterráneo, huían de la represión que sufren en el Rif, al norte de Marruecos, donde salieron a protestar para exigir mejoras económicas y sociales. Una vida digna. Unas manifestaciones que comenzaron tras la trágica muerte de Mohssine Fikri, en octubre de 2016 y que a día de hoy continúan y se han extendido a ciudades vecinas como Jerada. Se trata de protestas que vienen a exigir luchar contra una problemática estructural.

También huyen de la persecución política, organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rigth Watch o la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos han denunciado que cerca de 500 personas se encuentran encarceladas por protestar y califican a los activistas encerrados como “presos de conciencia”, entre ellas menores de edad. Todos ellos distribuidos por diferentes cárceles de Marruecos. Al tiempo que denuncian tratos degradantes y humillantes, falta de garantías jurídicas en sus procesos judiciales y condenas extralimitadas que coartan la libertad de expresión y de información.

Esa es la situación que vive la región del Rif desde hace más de un año y de la que huyeron estos jóvenes, temiendo por su vida y pidiendo protección internacional que les ha sido denegada a pesar de que acreditan entre otras cosas, haber participado en las protestas, motivo suficiente para ser encarcelados y condenados, como ya se ha señalado anteriormente.

Huyendo de la represión y la persecución política buscaron refugio en España, donde se les recibió con más cárcel. En su estancia en Motril fueron encerrados durante días y después trasladados al CIE de Aluche, donde se les ha privado de libertad por una falta administrativa (no tener una situación administrativa regular es una falta no un delito) a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad física y moral. En el CIE denuncian haber sufrido vejaciones y humillaciones, pero la peor noticia es su denegación de petición de asilo y una inminente deportación al país del que huyeron para salvar la vida. Ante esta injusticia, comenzaron una huelga de hambre el pasado 9 de junio, hace ya once días. Su estado de salud es grave, quienes acuden a visitarles les describen como dos personas abatidas y sin fuerzas que han perdido cerca de 6kg.

Las autoridades españolas no contemplan la grave situación en la que se hallan los exiliados si regresan a Marruecos. La deportación de los rifeños que huyen supone un peligro para su integridad física, su libertad y vulnera sus derechos humanos fundamentales, pues supondría el ingreso de los activistas en prisión, cuyas condenas oscilan entre los 7 meses y los 20 años de cárcel en condiciones inhumanas y torturas por parte de las fuerzas de seguridad, solamente por sus ideas políticas. Estas vulneraciones han sido denunciadas por las organizaciones nombradas anteriormente, junto a la defensa que asiste a los activistas presos.

Hoy día la ciudad de Alhucemas, epicentro de las manifestaciones, sigue siendo una zona militarizada con cada vez más fuerzas de seguridad para impedir toda movilización. Se ha ilegalizado cualquier forma de protesta e incluso el derecho de reunión. Numerosos periodistas internacionales, denuncian haber sido expulsados del territorio de periódicos como The Guardian o Mediapart generando un clima de impunidad y silencio mediático. En gobierno marroquí ha cerrado los medios de comunicación locales (la mayoría blogs) que cubrían las protestas del Hirak y han detenido y condenado a cerca de una decena de periodistas por hacer su trabajo, informar.

Ante este escenario, hay una exigencia al nuevo Gobierno y en concreto al presidente, Pedro Sánchez, que interceda para salvar la vida de estos dos jóvenes, así como para revisar el marco legal existente que legitima la existencia de los CIEs, unos lugares de no derecho en los que se producen vulneraciones constantes de los derechos y que generan un sufrimiento enorme para miles de personas que no han cometido delito alguno.

Organizaciones por los derechos humanos como SOS Racismo Madrid, que llevan años denunciando la existencia de estos centros de reclusión han manifestado recientemente en un comunicado su apoyo a los rifeñas que actualmente se encuentran privados de libertad en Aluche, denunciando la política migratoria española, “basada en el cierre de fronteras que tantas muertes provoca en el Mediterráneo, y en la expulsión que arranca a muchísimas personas de sus redes cotidianas o deporta a personas que acaban de arriesgar su vida en una peligrosa travesía”.

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